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    Piden a la Justicia que decrete "de manera urgente" la quiebra de Oil

    El juez Javier Cosentino debe definir en breve el futuro de la empresa que adeuda solamente a la AFIP cerca de $17.000 millones. Los síndicos de la causa proponen la venta de Oil

    Piden a la Justicia que decrete

    En las horas por venir se decretaría la quiebra de Oil Combustibles. Por lo menos si el juez Javier Cosentino, quien debe definir la situación de Oil Combustibles S.A. (OCSA) y del Grupo Indalo, opta por hacer caso a los informes presentados por la AFIP y los interventores de la petrolera. 

    En ambos dictámenes se coincide en solicitarle al titular del JuzgadoNacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5 la apertura de manera urgente del período del proceso previsto por la ley 24.522 (de Concursos y Quiebras) o, incluso, decrete la quiebra "sin más trámite". 

    En el primer caso, los interventores Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Luiba Lencova Besheva se refieren a la solicitud hecha por los dueños del fondo OP Investments para utilizar el mecanismo de cramdown con el objetivo de ofrecer la compañía a nuevos compradores y de ese modo evitar la quiebra. 

    Esta presentación fue hecha por los financistas Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre como directores de Oil al juez Cosentino hace un par de semanas con la mira puesta en que el magistrado permita ofrecer la petrolera a grupos interesados en comprar sus activos. 

    Hace un mes, ambos decidieron dar un paso al costado y abandonar sus puestos en el grupo al que hasta llegaron a rebautizar como Ceibo. Pero de todos modos propusieron una especie de salvataje de Oil aplicando el cram down. Una figura comercial que consiste en brindar una solución preventiva para evitar la quiebra de una compañía que fue incorporado por la Ley 24.522 de concursos y quiebras, en el artículo 48. 

    El instrumento le impide al juez del concurso decretar la quiebra y lo obliga a abrir un registro por cinco días en el cual deberán inscribirse posibles interesados en la compra de la empresa, incluso los acreedores y hasta el propio deudor y los mismos trabajadores. Los síndicos de la causa respaldaron este pedido con un documento que también acercaron al juez Cosentino, mientras que los trabajadores de la compañía le hicieron llegar un plan para formar una cooperativa que asuma las operaciones de  Oil Combustibles.

    Le pidieron al magistrado abrir la posibilidad del cram down para poder participar de ese proceso de salvataje. De hecho, el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPERH), a cargo de la propuesta, llevó a cabo el viernes pasado una asamblea de trabajadores de la cual también participaron funcionarios de la provincia de Santa Fe, donde está ubicada la sede de Oil y también uno de los interventores judiciales de la compañía, Francisco Carrega.

    En la reunión, Héctor Brizuela, secretario de Asuntos Legales del sindicato, mantuvo una discusión con el funcionario judicial quien desalentó la idea de la cooperativa y les anticipó que la postura más favorable de sus colegas es la de pedirle al juez Cosentino la quiebra de Oil Incluso, Carrega y los otros interventores de la petrolera, nombrados en sus cargos por Cosentino, aseguran que la apertura de un período de cram down "resultaría dilatorio de un final inexorable". Es decir, de la quiebra de Oil Combustibles que, al ser la principal accionista de Indalo, llevaría también al mismo destino al resto del grupo y de sus 4000 empleados.

    Teniendo en cuenta este escenario, los interventores aseguran en su dictamen que "están dadas las condiciones para que cualquier acreedor post concursal solicite el decreto de quiebra, y Oil Combustibles no tendría liquidez para evitarlo". Agregan que "la deudora no podrá obtener las conformidades a un plan de pagos que pueda afrontar, especialmente en relación a las obligaciones fiscales preconcursales". Además advierten como manifiesta y objetiva la imposibilidad de la petrolera de superar su crisis financiera.

    De todos modos, los interventores reconocen que la quiebra tendrá consecuencias negativas y hasta un impacto patrimonial relevante. Pero igualmente defienden su postura por entender que "el marco jurídico en el que sería mas eficiente optimizar el recupero de los créditos de los acreedores, preservar lo más posible la empresa, intentar ponerla en funcionamiento nuevamente e incluso preservar las fuentes de empleo es en el marco de un proceso falencial inmediato". 

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