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    La Cámara Federal declaró la constitucionalidad de la ley del arrepentido

    La sala I de la Cámara Federal porteña -integrada por los jueces Martín Irurzun y Oscar Bruglia- rechazó la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido al confirmar el procesamiento con prisión preventiva de un imputado por el delito de proporcionar información falsa o inexacta acogiéndose a esa norma leal

    La Cámara Federal declaró la constitucionalidad de la ley del arrepentido
    Frente a las críticas del presidente Mauricio Macri y también legisladores de la oposición, como el senador Miguel Angel Pichetto, contra ciertos aspectos de la ley del arrepentido en la causa de los cuadernos, el tribunal confirmó la constitucionalidad de esa figura penal, que según la defensa "atenta contra la garantía que veda la autoincriminación forzada y contiene una pena irrazonablemente alta, que la torna violatoria de la Constitución".
     
    La ley del arrepentido permitió acogerse a este régimen a más de 20 empresarios, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex representante especial ante Venezuela, Claudio Uberti, lo que le dio un avance importante a la causa del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
     
    Según el fallo, el español imputado Juan Valiente en otra causa del fuero penal económico había sido procesado con prisión preventiva el 9 de noviembre de 2017 por el intento de ingresar al país casi treinta mil pastillas de éxtasis desde España. Valiente declaró allí como arrepentido, involucrando a otra persona como presunta integrante de una organización dedicada al tráfico de drogas. Esa persona resultó detenida a raíz de las indicaciones que formuló el “arrepentido”, pero luego fue liberada y sobreseída cuando se demostró que las afirmaciones de aquel habían sido mentiras. Por eso, la cámara se avaló su procesamiento y prisión preventiva en este caso.
     
    En cuanto al rechazo del planteo de inconstitucionalidad se estableció: “La clave, entonces, está siempre en que el sistema resguarde el ejercicio de la voluntad del justiciable. Entonces, cabe preguntarse ¿hay en la ley alguna cláusula que lo obligue a actuar en forma contraria a aquella o que pueda estimarse engañosa para que lo haga? No, no la hay….Al investigado no se le tomó juramento de decir verdad (ello confrontaría con la naturaleza del acto”.
     
    En el fallo, se recordó que el acusado con su abogado presente, mostró actuar voluntariamente y conocer los alcances y consecuencias “del acuerdo, que se le informaron…Vale detenerse en este punto….Conocer sus alcances y consecuencias incluye saber, entre otras cosas, que en caso de aceptarse, el acuerdo será incorporado al proceso –por lo que en principio rigen la reglas aplicables al común de los elementos de las causas penales en cuanto a sus repercusiones, utilidad a la hora de la valoración y reglas de intercambio y acceso”, entre otros puntos.
     
    En un contexto así “no hay coerción ni engaño, porque las reglas están claras desde un principio y quien se acoge al mecanismo que prevé la ley las conoce cuando voluntariamente elige ese camino. No es obligado normativa ni físicamente a transmitir información útil; es él/ella y su abogado/a quienes deberán calcular cuáles son las consecuencias más ventajosas para sus intereses... Se insiste: la herramienta podrá considerarse buena o mala; lo propio sobre la elección de política criminal que supone y la forma en que está redactada. Pero inconstitucional por atentar contra el derecho de defensa –y su derivada prohibición contra la autoincriminación- (art. 18, CN), ciertamente, no es”, señaló Irurzun en su voto.
     
    El juez Bruglia adhirió en términos generales al voto de su colega, coincidiendo con la solución propuesta. Aclaró “que en referencia al análisis que se efectúa del valor probatorio y los alcances en los procesos del instituto previsto en el artículo 41ter. del Código Penal, debe estarse a lo prescripto en el artículo 15 de la Ley N° 27.304 y a lo que corresponda en cada caso en particular, resultando innecesario expedirme en concreto al respecto, toda vez que tal circunstancia no ha sido materia de agravio en las actuaciones

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