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    Camioneros: Secuestraron libros contables por el presunto lavado de dinero

    El juez federal Claudio Bonadio ordenó revisar los libros societarios y contables de la Obra Social del Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano.

    Camioneros: Secuestraron libros contables por el presunto lavado de dinero

    La decisión del magistrado fue en respuesta a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.

    Tras el procedimiento, el abogado Daniel Llermanos, quien representa a Moyano y a su hijo Pablo, dijo en diálogo con la prensa que “no es un allanamiento. Llegó un oficio y ya se llevaron todo el material, que ahora está en el juzgado de Bonadio“. Asimismo, ratificó la postura de los Moyano frente a las investigaciones en su contra, las cuales consideran un ataque del gobierno de Mauricio Macri: “No hay una sola causa seria”.

    Moyano está imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano desde diciembre pasado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compraventa de inmuebles en Córdoba. Además del titular del sindicato de Camioneros hay otras tres personas imputadas. Días atrás, fuentes del Juzgado confirmaron que la citación se llevará a cabo a la brevedad y que la causa “no tiene ninguna relación con el protagonismo mediático y los otros procesos”, ya que esta denuncia es “de mucho antes”.

    El eje de la causa es la compra por parte del Sindicato de Choferes de Camiones en diciembre de 2013 de terrenos en La Falda (en Punilla, a unos 70 kilómetros de la capital provincial). Se pagaron $6 millones por cinco inmuebles que habían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos $310.000.

    La imputación por supuesto lavado de dinero alcanza a Moyano, Pablo Villegas (también del sindicato), Carlos Mesias, Jorge Cappucchio y Enrique Mariñansky, todos partícipes en las distintas etapas de las operaciones. Mesías fue quien vendió los inmuebles a Camioneros. Los miembros del sindicato también están acusados de presunta “administración fraudulenta”.

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